Ángel Molla, Málaga, octubre de 2014
Soy profesor interino, con diez años de experiencia en centros públicos de Baleares. El año pasado me presenté a las Oposiciones en Andalucía y las aprobé. Pero no me contaron la década de experiencia acumulada y llevo en paro desde entonces.
Los interinos en las bolsas de enseñanza de la Junta de Andalucía se ordenan según su tiempo de servicio (experiencia en la docencia) en centros educativos públicos. Tal criterio tiene su lógica, que seguramente es la de asignar a los alumnos andaluces a los profesores más experimentados.
Sin embargo, tal experiencia no nos es tenida en cuenta si nuestra experiencia se ha adquirido en otras Comunidades Autónomas, por lo que se da el caso de interinos con pocos meses de experiencia que están impartiendo clases mientras que otros con bastantes años trabajados nos vemos engrosando las listas del paro al aplicarnos diferentes criterios de ordenación.
No existe ninguna linea en la normativa en la que se especifique que la experiencia no se tendrá en cuenta si no es de Andalucía -seguramente porque tal redacción iría en contra de la Constitución y la igualdad de todos nosotros-. Aún así, la Junta aplica tal medida en la práctica, discriminando no sólo a los hijos de emigrantes andaluces retornados -como es mi caso- sino incluso a andaluces de nacimiento que se fueron a trabajar fuera y ahora quieren volver.
Con todo el respeto y la simpatía que me merece, resulta incoherente que la Presidenta alabe el trabajo desempeñado por tantos andaluces en la contribución al desarrollo de otras Comunidades y mientras tanto sea tan discriminatoria con los hijos de esos emigrantes cuando vuelven. Mientras lleva a cabo tal discriminación la presidenta andaluza se jacta de ser garante y defensora de la unidad y la igualdad de todos los españoles en las circunstancias actuales que estamos viviendo y mientras tanto permite que se lleve a cabo una medida más propia de gobiernos nacionalistas excluyentes que de un gobierno andaluz que no se corresponde con la hospitalidad y el carácter de sus gentes.
Los profesionales de la Enseñanza Pública, interinos o no, somos funcionarios del Estado. Si crees que tal medida es discriminatoria y que todos los ciudadanos merecemos que todas las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas nos traten por igual, firma la petición en change.org.
Además de esta recogida de firmas que comencé a finales de 2014, escribí al anterior consejero de Educación y, recientemente, a la nueva Consejera -que, para más inri, no es andaluza sino madrileña (a mí eso no me importa pero lo hago para hacer notar la incoherencia del asunto). He conseguido ponerme en contacto con más afectados; tampoco somos tantos, por lo que nuestra reivindicación no afectaría a tantos compañeros.
En cuanto a los sindicatos, CSIF es el único que en la última mesa sectorial pidió que se resuelva de una vez (o por lo menos se aborde) este tema. UGT, sin embargo, me dijo que ellos ya no defienden lo que es justo sino lo que le conviene a la mayoría para que no se les tiren encima.
